El abogado Gustavo Semorile estaba prófugo desde el 24 de julio de 2020 en el marco de una causa por narcotráfico y, si bien se pensó que había escapado a Paraguay, lo encontraron en las últimas horas en una vivienda de Mar del Tuyú.
Su captura había sido ordenada por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado en una causa que desató un escándalo: una investigación sobre una asociación ilícita integrada, supuestamente, por funcionarios judiciales, uniformados y abogados, que, entre otros delitos, habría robado cargamentos de cocaína a bandas narco y habría extorsionado a delincuentes vinculados con el narcotráfico, informó el diario La Nación.
Semorile, letrado conocido por los pasillos de los tribunales de San Isidro y San Martín, logró estar clandestino tres años y casi siete meses. Ahora será indagado por el juez federal Emiliano Canicoba, que reemplazó a Arroyo Salgado, después de que la magistrada fuera apartada de la causa, y por el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez, a cargo de la investigación.
“Tras cinco meses de trabajo, la acción coordinada de los investigadores de la Gendarmería Nacional y la tarea de la Dirección de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación, comenzaron a surgir datos en las intervenciones telefónicas sobre círculos reducidos de personas cercanas a Semorile para determinar lugares comunes que frecuentaba el sospechoso. Uno de los inmuebles, en Mar de Tuyú, fue el lugar donde los detectives desplegaron un operativo de vigilancia y lograron la detención del sospechoso mientras circulaba por la vía pública”, informó la fuerza federal de seguridad en un comunicado de prensa.
Semorile estaba prófugo en el expediente donde Arroyo Salgado, en octubre de 2021, había procesado como jefe de la de la asociación ilícita al por entonces fiscal de San Isidro Claudio Scapolan, funcionario que fue destituido el año pasado tras un juicio político.
Finalmente, en junio de 2022, la Sala I de la Cámara Federal de San Martín revocó el procesamiento por asociación ilícita que pesaba sobre Scapolan. Sí, confirmó la imputación por presunta falsedad ideológica de documento público en relación con el operativo Leones Blancos, donde se secuestró casi media tonelada de cocaína, mientras que entre 520 o 560 kilos de esa droga fueron robados por los uniformados a cargo del operativo, según definió la acusación.
Esa cocaína robada terminó en unas cabañas de Santa Clara del Mar, desde donde fue distribuida para su comercialización. Antes del traslado a la costa, según la declaración de imputados arrepentidos y testigos de identidad reservada, la droga estuvo almacenada en un salón de fiestas de Quilmes que pertenecería a unos de los policías investigados.
La Cámara Federal de San Martín también le redujo sustancialmente el embargo que pesaba sobre sus bienes: pasó de 2000 millones a un millón de pesos.
A Semorile lo hundió otro sospechoso que declaró como arrepentido. “Concretamente, a lo largo de estos años tuve otros episodios que, analizados al día de hoy, con todo el conocimiento que hoy tengo, me llevan a la sospecha de que si Semorile tenía el dato de que un cliente suyo estaba haciendo dinero de manera legal o que algún cliente hacía plata de manera ilegal, en el primer caso iba a [haber] lo que se denomina ‘venta de humo’ y en el otro, una extorsión. Y de esta manera, independientemente de cuál fuera el caso, en una investigación legítima con procedimientos legítimos se intenta mejorar algo –la situación de sus defendidos con un supuesto ‘arreglo’–, o bien el armado de una causa a personas totalmente inocente”, afirmó el imputado colaborador.
