En el escrito presentado ante la fiscalía local se explica que, habiéndose terminado la etapa administrativa de investigación, se concurre a la justicia para que se determine el posible delito de fraude en perjuicio de la administración pública.
Se especifica, además, del alimento retirado, faltan las planillas de control de ingreso y egreso de la mercadería y que se deberían haber archivado por parte las autoridades de esa secretaría para la llegada de sus sucesores. Inclusive, se consultó al sistema de Reforma de la Administración Financiera en el Ámbito Municipal (RAFAM) para controlar el inventario y se encontró falta de información y datos que no se condicen con la realidad de aquel 10 de diciembre de 2015.
El expediente administrativo fue adjuntado a la presentación ante fiscalía y se remarcó la posibilidad de violación de los artículos del Código Penal 174, que habla de defraudaciones en perjuicio de la administración pública, el 256 y el 256 bis, sobre dádivas que hubiese recibido algún funcionario en persona o por intermedio de terceros utilizando su influencia para ejecutar algún acto relacionado a sus funciones.
