La fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios públicos del departamento judicial de Dolores investiga a la senadora costera Flavia Delmonte y a dos de sus colaboradores por una presunta defraudación a la administración pública.
El juez de Garantías de Villa Gesell, David Leopoldo Mancinelli, resolvió pedirle a la Cámara Alta provincial que avance con el proceso de desafuero de Flavia Delmonte. Así lo había pedido el fiscal del caso, Mario Rafael Pérez, según la información revelada en el programa Somos Buenos del canal TN.
Delmonte es senadora por la quinta sección electoral e integrante del bloque UCR-Cambio Federal de la cámara alta. El fiscal de Dolores la investiga por un presunto esquema ilegal de contrataciones con dinero de la Legislatura. Esta vez se trata de contratados que viven en ciudades de la Costa Atlántica y que sí habrían percibido parte de los sueldos liquidados en su nombre.
La investigación se inició por la presentación espontánea de una mujer contratada. Yanina Tamara Arce es una vecina de Mar de Ajó que en 2021 denunció esta historia y en las últimas horas dio una entrevista a Somos Buenos.
En sus declaraciones, la mujer relató: “Me propone trabajar con ella en el local del centro vecinal de Villa Clelia, donde yo vivo. Yo estaba pasando por una enfermedad, me ofrece trabajar con ella, ponerme en blanco en el Senado, y me daba la obra social [IOMA] y los aportes jubilatorios”.
“Yo la obra social la necesitaba, accedí y le dije que sí. Viajé con ella a La Plata, firmé contrato, habilité la cuenta en el banco”, sostuvo la denunciante, que quedó incorporada a la planta temporaria del Senado. La condición era que, de su sueldo, que en 2019 era de $31.000, solo le corresponderían $10.000.
Ese efectivo “siempre se lo entregué a Razinoff”, sostuvo Arce. Se refiere a Kevin Alan Razinoff, un asesor de la senadora que hoy está imputado. En el Senado se desempeña como relator de la comisión de Comercio Interior, Pymes y Turismo.
En el centro vecinal existía una contraprestación real. “La gente se acercaba a pedir ayuda, obviamente por votos. Porque nosotros teníamos que tomarles todos los datos. Nos han pedido que pidamos documentos para poder afiliar”, contó la denunciante, aunque aclaró que ella no salía a militar a la calle.
Tiempo después, su salud se deterioró, tuvo que ser internada y dejar de trabajar. Siempre, según su testimonio, de ahí en adelante la senadora le pidió que devolviera su tarjeta de débito y ella le pidió que la diera de baja, pero lo segundo no ocurrió.
“Ella se acerca a mi casa y me pide la tarjeta de cobro: o sea, yo no le servía. Yo le entrego la tarjeta y ella se aumenta el sueldo de una manera abismal y empieza a cobrar hasta abril de 2020, más o menos, justo en la pandemia”, contó Arce a TN. “Mi hijo quería sacar un IFE y le decían que no se puede por el sueldo que tenía yo”, agregó.
Arce relató que también le bloquearon el acceso a sus recibos de sueldo –cruciales para trámites que iban surgiendo por situaciones de salud delicadas– mientras se seguía depositando dinero en la cuenta a su nombre.
En determinado momento, después de muchas tensiones por los recibos, la senadora “se comunica telefónicamente, preguntándome con qué derecho me creía para hacer semejante cosa, quién creía que era yo para ir a buscar mi recibo al Senado. Me hizo echar como un perro”, relató la mujer a TN.
Según la denuncia que origina esta causa, con su cuenta bancaria se hacían extracciones y transferencias, y hasta se solicitó un préstamo. También habría existido un usuario de homebanking para la cuenta de Arce, que manejaban otros. El usuario era “Flavia Delmonte 2015″. Esto surge de la denuncia original, donde Arce relata los trámites que hizo para darse de baja de este circuito y también para hacer algunas extracciones con lo que quedaba en la cuenta, para comprar remedios.
CÓMO SIGUE LA CAUSA
En una resolución firmada el 16 de febrero pasado, el fiscal Mario Rafael Pérez consideró que hay elementos suficientes para sostener que al menos entre febrero de 2019 y diciembre de 2020 Flavia Delmonte, con Kevin Razimoff y un empleado de Diputados, Gonzalo Javier Torrijo Fuertes, habrían designado gente en el Senado a cambio de que estos resignaran parte de sus haberes. Esto les habría generado “un indebido beneficio patrimonial” de los acusados, “con afectación para la administración pública”.
El abogado de la senadora apeló la resolución del juez referida al desafuero. Marcelo Di Leo, consultado por TN, sostuvo que su defendida “ha estado a derecho desde el momento en que tomó conocimiento de la existencia de la denuncia, hace más de dos años”.
Razimoff y Torrijo Fuertes esta semana estaban citados a indagatoria, pero su defensa pidió postergar las audiencias. Plantearon que se ausentan del país unos días y que quieren analizar las pruebas.
“No hay ningún ñoqui en esta causa, somos todos trabajadores”, explicó Razimoff a TN. Sobre las presuntas designaciones con “retornos”, explicó: “Somos compañeros de trabajo y en ese contexto, hay varias justificaciones. Con algunos comparto un camino de militancia desde chicos y con otros, actividad profesional, más allá de lo que hacíamos en la cámara. No hay retornos, de hecho lo montos son sumamente bajos. Todavía no tuve la oportunidad de explicarle todo al fiscal, es una maniobra burda para ensuciar y desprestigiar. De hecho, ni siquiera mencionan mi actividad profesional ni comercial por fuera de mi trabajo en el senado”.
Yanina Arce no quedó imputada. El fiscal valoró que haya sido ella quien puso en conocimiento de la fiscalía la maniobra que hoy se investiga. También consideró que sí hacía un trabajo en Mar de Ajó y tuvo en cuenta su situación de salud.
PEDIDO DE EXPULSIÓN
Ante lo expuesto en la denuncia el afiliado radical de La Costa, Germán Jardón, presentó una nota a Maximiliano Abad, actual Senador Nacional y Presidente del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical.
En la carta ingresada por Jardón, se indica que “en relación a los hechos investigados en la causa registrada bajo el N° 03-003059-21 Delmonte, Flavia s/Averiguación de ilícito, de trámite por ante la Unidad Funcional Especializada en Delitos de Corrupción del Departamento Judicial de Dolores. En la misma se investiga si la Senadora Provincial Delmonte, junto con otros dos sujetos serían coautores del delito de Defraudación contra la administración pública”.
La nota presentada por Germán Jardón sostiene que “es absolutamente necesario que el radicalismo, quien ha hecho de la honestidad su bandera, de muestras inobjetables de condena y claridad ante actos delictivos por parte de quienes deben dar con sus actos una muestra clara e incuestionable de honradez”.
Además de la expulsión del partido radical, Jardón solicitó al Comité que le exija la renuncia de Senadora provincial, cargo al que accedió por este partido.
