El concejal de Juntos por el Cambio, Martín Fernández, denunció públicamente discriminación y violencia institucional en el Honorable Concejo Deliberante del Partido de La Costa, a partir de las irregularidades que, según sostuvo, rodearon el tratamiento y la aprobación del Presupuesto y la Ordenanza Fiscal e Impositiva 2026.
La denuncia apunta a que los expedientes fueron aprobados por el oficialismo sin haber estado disponibles para su análisis previo. “La aprobación se llevó adelante sin haberlos estudiado responsablemente”, señaló el edil, al referirse a la reunión de comisión realizada el viernes 19 de diciembre, donde se firmó un dictamen pese a que la documentación no estaba digitalizada.
Fernández aseguró que durante ese encuentro “los concejales del oficialismo firmaron un dictamen aprobando las cuentas municipales”, mientras que su bloque se negó a hacerlo al advertir que “los expedientes no estaban digitalizados y que solo había una copia en papel retenida por el presidente del Concejo”.
Según relató, recién después de la aprobación aparecieron las copias. “Este lunes 22 de diciembre, tres días después de aquel dictamen ‘fantasma’, recibí un memorándum informándome que recién ahora se encuentran disponibles las copias de los expedientes para ser retiradas”, afirmó, y agregó: “La mentira tiene patas cortas”.
El concejal puso especial énfasis en el impacto personal de la situación. Explicó que había solicitado formalmente la digitalización de las ordenanzas y advirtió que la negativa tuvo un carácter discriminatorio. “Mi condición de salud limita mi movilidad física, pero mantiene intacta mi capacidad de razonar y controlar. Negarme el acceso digital y obligarme a retirar papeles que físicamente no puedo manipular es un acto de discriminación y violencia institucional”, expresó.
Finalmente, Fernández informó que junto a la concejala Mónica Correa presentó una denuncia ante el Honorable Tribunal de Cuentas, con el objetivo de que se investigue el procedimiento utilizado para la aprobación de las ordenanzas y el manejo administrativo del Concejo Deliberante.
