Durante el 2014 y 2015 el gobierno de General Madariaga contrató camiones para trasladar polvo de piedra pero, en realidad, se usaron unidades municipales para esa tarea. Además, según una investigación interna se libraron cheques para relizar el pago que, luego de efectivizarlos, el dinero fue entregado al ex intendente, Cristian Popovich, según el relato de algunos empleados municipales que participaron de la maniobra.
La gravedad de la situación llevó a que varias áreas debieran trabajar durante meses en el armado de todo el esquema de la presunta asociación ilícita que, se sospecha, fue montada para sustraer dinero del estado local.
Luego de analizar la situación, el gobierno municipal se presentó en la Unidad Fiscal de Instrucción 8 para denunciar la situación y solicitar que se investigue a las personas que aparecen mencionadas y están vinculadas con el caso e, inclusive, se pide que se revisen otras operatorias de años anteriores.
Todo se originó por la declaración de empleados municipales, quienes reconociendo irregularidades o acciones sospechosas, explicaron hacia quienes iban dirigidas las entregas del dinero en efectivo; colocando siempre a la figura de Cristian Popovich como el destinatario final.
La mecánica en pocos pasos
1) Se realizó una “contratación fantasma”.
2) Un funcionario certificó los viajes inexistentes de unidades de la compañía contratada.
3) Se libraron cheques a la orden de la transportista pero con la posibilidad de ser endosados y cobrados por un tercero.
4) Se endosaban y un agente municipal iba y los cobraba.
5) Se entregaba el dinero retirado del banco al, por entonces, intendente Popovich o se depositaba en cuentas bancarias que ya están identificadas.
¿Cómo sería la maniobra?
Según la investigación administrativa efectuada, para trasladar el polvo de piedra adquirido, se hicieron 130 viajes a las canteras Yaraví, en Chapadmalal, y Cerro De Dominico, en Buenos Aires.
Todos debieron ser realizados por los contratistas conforme la contratación directa efectuada.
No obstante, en la facturación de cada salida a la ruta no se identifica la unidad, no se detallan los kilómetros, ni se especifica el costo por el recorrido de cada uno de ellos. Todo esto forma parte de una simple falla administrativa o irregularidad que puede ser advertida por el Tribunal de Cuentas pero que no resulta ser delito alguno.
Sin embargo, las guías mineras adjuntadas a cada una de las facturas, y que son necesarias para cumplir con lo que especifica la Ley 130312 en cuanto a los traslados, identifican como vehículo a la unidad municipal con la chapa patente LED 010. Es decir, se le abonaba presumiblemente al privado por algo que se hacía con un bien propio del cliente; representado en este caso por el municipio.
Los pagos se efectuaban con cheques que estaban a nombre de los contratistas, pero se les entregaban “en mano”, llamativamente ya endosados, a empleados para que los cobraran en el banco. Cumplido este paso, el siguiente era ir a llevar los billetes “al Intendente”.
Una de las firmas contratadas es “Transporte Kil SRL” de la localidad de Avellaneda y que, supuestamente, realizaba viajes desde Mar del Plata a Madariaga. Esta SRL aparece mencionada en otra causa judicial en donde existe un listado de proveedores acusados de desviar fondos de las cooperativas en Quilmes, por un total de 4.621.230 pesos.
La investigación motivó el pedido de informe a los diversos bancos a los efectos de acompañar copias de los cheques. En algunos casos se cotejaron firmas y se presumen que fueron falsificadas.
Las copias de los papeles y los endosos resultaron contundentes, no solo por la suma de dinero que se extraía sino por quienes eran los beneficiarios, existiendo una coincidencia con la irregularidad denunciada respecto a los transporte de minerales y todo esto es lo que fundamenta la presunta existencia de una asociación ilícita.
