Además, desde SUTEBA afirman que «estas prácticas llevadas adelante por el Estado provincial son ilegales e inconstitucionales, violatorias de pactos y tratados internacionales así como también de leyes tales como la Ley N° 20.061 de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y el propio Código Procesal Penal Nacional», ya que algunos de los estudiantes que estaban en el colectivo son menores de edad.
Sobre el hecho, agregan «sin orden judicial y de forma abusiva, la Policía bonaerense llevó adelante un operativo donde paró al micro en la entrada de La Lucila del Mar, hizo bajar del mismo a los estudiantes, les tomó los DNI y les revisó sus pertenencias con total impunidad. Menores que fueron sometidos a un trato vejatorio e intimidatorio cercenando su derecho a la «dignidad y a la integridad personal», violentando la Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en su artículo 9°.
Además, en el comunicado de prensa plantean que el Código Procesal Penal Nacional en su artículo 230 bis, que regula la requisa sin orden judicial, fija como requisitos que haya “circunstancias previas y concominantes” que, “razonablemente y objetivamente” justifiquen una requisa, circunstancias que no se daban en este caso.
Por tal motivo, «desde el Consejo Ejecutivo Seccional del Suteba La Costa-Gral. Lavalle (…) pedimos al ministro de Educación provincial Sanchez Zinny, arbitre los medios para proteger la integridad física y psicológica de todxs lxs estudiantes del Partido de La Costa, y por su intermedio a la gobernadora María Eugenia Vidal, el cese de estos operativos policiales que no hacen más que violar la Constitución Nacional y los tratados internacional a los que ha adherido el Estado argentino».