El funcionario lanzó un ultimátum a los propietarios de colegios morosos en el marco del anuncio de una nueva batería de acciones tendientes a recuperar los aportes que se les retienen a miles de docentes privados pero que no llegan en tiempo y forma al IPS.
Entre las medidas que el Instituto está profundizando se encuentran el envío a la Justicia de los casos más emblemáticos (se iniciaron 206 juicios de apremio). “Esa es la línea de trabajo que nos marcó el gobernador Daniel Scioli: defender los intereses del Instituto y de los trabajadores”, finalizó Cascallares.
En paralelo, se llevan enviadas 3500 cartas documento intimando al pago y se multiplican las inspecciones conjuntas con el Ministerio de Trabajo provincial y las notificaciones personalizadas a los docentes.
La Ley Penal Tributaria bonaerense habilita al IPS a reclamar por esa vía los aportes jubilatorios. En ese marco se avecina una tanda importante de juicios penales para los casos más graves.
Cascallares resaltó que desde diciembre de 2011 se lograron recuperar $411 millones que constituían aportes que habían sido retenidos a los trabajadores pero que nunca habían llegado al Instituto de Previsión Social (IPS).
“Se bajó la morosidad del sector del 52% al 11% pero vamos por más porque ningun establecimiento educativo puede seguir quedándose con los recursos que son de sus trabajadores” afirmó.
En la Provincia de Buenos Aires funcionan 6.700 niveles educativos privados, de los cuales un millar mantiene deuda no regularizada. Merced a las acciones enumeradas, la morosidad pasó del 52% al 11% ascendiendo a $84 millones.
Esta política oficial logró duplicar los ingresos en concepto de aportes en los últimos cuatro años. En 2010 el IPS percibió de aportes de docentes privados unos $311.151.000, en el 2011 ingresaron $401.180.000, un año más tarde sumaron $544.690.000 y en el 2013 se pagaron $691 millones.
Todas las acciones de recupero descriptas se consensuaron con las entidades gremiales que nuclean a los docentes privados, como también con asociaciones de colegios privados, Dipregep y el Ministerio de Trabajo.
Los colegios a los que se les iniciarán acciones penales se encuentran ubicados en zonas residenciales y algunos cobran las cuotas más elevadas del sistema educativo.
