El Consejo Federal de Educación aprobó el nuevo protocolo para la vuelta a clases que había adelantado una semana atrás el ministro de Educación, Nicolás Trotta.

Lo hizo a través de una sesión virtual en la que se le dio el visto bueno al documento que incluye ciertas pautas de higiene y comportamiento para la comunidad educativa, que podrá ser ampliado con criterios adicionales por las distintas provincias de acuerdo a sus requerimientos.

Según establece el protocolo, las instituciones deberán garantizar a los alumnos, docentes y personal no docente acceso al agua potable y a elementos de higiene. Además, se deberán usar barbijos y máscaras de protección durante la permanencia en el establecimiento y desinfectar el lugar de trabajo.

Asimismo, se permitirá la permanencia de personas hasta 15 minutos en lugares cerrados, no se podrá compartir ningún elemento personal ni de protección y todos deberán limpiar sus celulares con alcohol al momento de ingresar a la escuela.

Se recomienda un distanciamiento mínimo de dos metros entre todos los actores involucrados, que podrá reducirse a un metro y medio dentro del aula, siempre y cuando se cumplan las medidas adicionales de uso permanente de tapabocas, lavado frecuente de manos o el uso de alcohol en gel, ventilación y desinfección adecuada de las instalaciones.

Los eventos o reuniones dentro de los establecimientos quedan prohibidos y el sector de juegos solo podrá usarse si se garantiza la distancia social, con su correspondiente señalización en el suelo para organizar las filas y/o grupos.

De detectarse un caso confirmado o sospechoso, se suspenderán las clases por un día para realizar desinfección exhaustiva. Ante la aparición de un caso sospechoso, se plantean alternativas que consisten en dividir en mantener grupos diferenciados de estudiantes y alumnos.

Las clases presenciales en el país se reanudarán mediante un escalonamiento progresivo a partir de agosto, aunque cada fecha de retorno estará supeditada a las recomendaciones de las autoridades sanitarias nacional y jurisdiccional que corresponda y será resultado de consideraciones epidemiológicas y de seguridad sanitaria para estudiantes, docentes y no docentes.