Por Ramiro Zurdo, Secretario de Derechos Humanos, Políticas Culturales y Ambientales de SUTEBA
La reciente sesión en el Senado dejó una lección histórica e ineludible: cuando el pueblo se moviliza con convicción y argumento, los proyectos de entrega de nuestra soberanía encuentran su freno. La mal llamada «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada» tuvo que ser amputada en pleno recinto por el propio oficialismo. La contundente resistencia social, sindical y docente torció la mano del Gobierno y logró hacer caer el corazón del proyecto: la derogación de la Ley de Tierras de 2011 (que pretendía liberar el tope del 15% a la venta de suelo a extranjeros) y la desregulación de la Ley de Manejo del Fuego, pensada para la especulación inmobiliaria sobre las cenizas de nuestros bosques nativos.
Sin embargo, sería un grave error cantar victoria completa. Lo que el oficialismo terminó aprobando con una mayoría debilitada no es un texto inocuo; es la pata jurídica de un modelo económico que concibe al territorio como un activo financiero para el saqueo internacional.
El peligro que sí se aprobó: desalojos y blindaje a las corporaciones
Debemos señalar con total claridad y alarma lo que la Cámara Alta votó. Por un lado, la incorporación de los desalojos exprés, un mecanismo nefasto que faculta a los jueces a restituir propiedades con evaluaciones preliminares sin esperar una sentencia definitiva. En un contexto donde los salarios de miseria y la inflación acorralan a las familias trabajadoras, esta medida no busca combatir la delincuencia, sino criminalizar a los inquilinos empobrecidos por la derogación de la Ley de Alquileres y consumar el despojo histórico contra los pueblos originarios.
Por otro lado, la reforma a la Ley de Expropiaciones eleva las exigencias para declarar la utilidad pública y obliga al Estado a indemnizar no solo el valor del bien, sino los supuestos perjuicios económicos futuros del propietario. Esta cláusula no es otra cosa que un blindaje a medida del capital financiero internacional: buscan atarle las manos al Estado argentino para que en el futuro no pueda recuperar los recursos estratégicos o los servicios públicos que este gobierno pretende rematar.
Una amenaza latente sobre nuestros bienes comunes
El intento de derogar la Ley de Tierras respondía a un objetivo geopolítico claro. Actualmente hay 13 millones de hectáreas en manos extranjeras en la Argentina (el equivalente a toda la provincia de Santa Fe o al territorio de Inglaterra). Aunque la ley vigente permite aún margen para la inversión productiva, el apuro del capital transnacional por borrar los controles obedece a su codicia sobre 36 departamentos estratégicos. Son las zonas donde la extranjerización ya roza o supera el 50%: justamente donde se encuentra nuestra agua dulce, nuestros glaciares, nuestro litio, Vaca Muerta y el control de nuestras vías navegables.
Sitiar legalmente el 78% de nuestros lagos y el 65% de nuestras cuencas de ríos para entregárselos a fondos de inversión es un ataque directo al futuro ambiental y humano de nuestro pueblo. Mientras potencias globales como Estados Unidos o Israel protegen férreamente su suelo mediante leyes de seguridad nacional, el gobierno de Milei pretendía aplicar un dumping provincial para obligar a nuestros estados a negociar de igual a igual con corporaciones que manejan presupuestos superiores al de varios países juntos.
Enseñar también es defender la Patria
Desde el SUTEBA y los sindicatos que integramos la CTA de los Trabajadores, sabemos perfectamente que el ajuste educativo, el industricidio y el saqueo ambiental son las distintas caras de una misma moneda neocolonial. La tierra es el lugar donde viven, comen y se educan nuestros estudiantes. Ya sufrimos el espejo de provincias como Misiones, donde el avance del monocultivo y la concentración de tierras expulsaron a la población rural y provocaron el cierre de escuelas por despoblación.
Las y los trabajadores de la educación no somos neutrales cuando se trata de la soberanía de nuestra Patria y los derechos humanos de nuestras comunidades. Que el oficialismo haya tenido que esconder sus pretensiones más nefastas demuestra el valor pedagógico y político de la calle, de la juventud movilizada y de la dignidad popular.
Nos mantenemos en alerta de cara al debate en la Cámara de Diputados. Seguiremos en las aulas y en las calles dando la batalla cultural y social para frenar este modelo de desguace, porque tenemos una certeza inquebrantable que enseñamos todos los días a nuestras pibas y pibes: la Patria y sus bienes comunes no se venden; se defienden.
