El resultado de la segunda autopsia realizada en el cuerpo de Alejandro Nicolás Martínez (35), quien murió en una comisaría de San Clemente del Tuyú, confirmó que la víctima fue torturada y asfixiada, lo cual complica a los nueve policías que están detenidos.
La perito de parte, Virginia Créimer, quien se especializa en casos de violencia institucional, participó de la nuevo autopsia, dispuesta por la Justicia.
Según informó el diario Clarín, el abogado Miguel Molina, representante de la familia de Martínez, indicó que el resultado “arroja todavía mayor cantidad de lesiones” que en la primera revisión.
“Los mismos peritos propuestos por la fuerza se asombraban por la enorme cantidad de lesiones en rostro, cráneo, miembros, las fracturas torácicas que le produjeron una asfixia que, dentro de la multiplicidad de lesiones parecidas, lo llevó a una asfixia mortal”, indicó Créimer.
Además, el informe realizado por el Instituto de Ciencias Forenses de Lomas de Zamora determinó que el cuerpo presentaba “lesiones figuradas”, es decir que reproducen el elemento con el cual fueron producidas, en este caso con los borceguíes policiales.
Créimer solicitó que se ampliaran las incisiones en el dorso del cuerpo de Martínez para cumplimentar con lo estipulado por el Protocolo de Minnesota, un procedimiento recomendado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para las muertes “potencialmente ilícitas”, como se hizo con los casos de Luciano Arruga, Santiago Maldonado y Facundo Astudillo Castro.
“Al hacerlo descubrió que en toda la región lumbar existían lesiones vitales traumáticas compatibles con golpes directos sobre la superficie corporal con elementos similares a la tonfa que utilizan los policías bonaerenses”, apuntó la perito.
Martínez fue detenido en la madrugada del jueves 18 de noviembre por causar disturbios en el Gran Hotel Fontainebleau, ubicado en Calle 3 y avenida Costanera, de San Clemente del Tuyú. Poco más de una hora después, murió en la comisaría.
Por el hecho detuvieron a nueve policías, acusados de “homicidio agravado por ser cometido por un miembro integrante de la fuerza policial abusando de su función”, una pena que prevé prisión perpetua.
