Un funcionario del gobierno saliente, quien había renunciado a su cargo el 9 de diciembre 2015 (cuando asumieron las nuevas autoridades), presentó una planilla y una nota con membrete municipal y firma de la contadora acreditando que era empleado hasta el 28 de febrero de 2016 para tramitar la obra social en IOMA. Con posterioridad, la obra social registró que esta persona no tenía aportes en ese periodo y las autoridades se comunicaron con el gobierno local para dar cuenta de la situación.
En consecuencia, se inició el sumario administrativo, se denunció penalmente y se citó a Vanesa Montenegro -describe alguien que conoce los detalles del procedimiento- para hacer una pericia caligráfica que termina certificando que la firma que figuraba en la documentación era de la funcionaria que quedaba bajo la lupa.
Desde un primer momento, el gobierno de Cambiemos determinó la suspensión provisoria de la contadora municipal, ya que es potestad del Concejo Deliberante poder sacarla de su cargo, según lo establece la Ley Orgánica de las Municipalidades (ARTÍCULO 188°: El contador municipal no podrá ser separado de su cargo, sin acuerdo del Concejo Deliberante).
La contadora Vanesa Montenegro había sido nombrada bajo la intendencia de Marcela Passo -actual diputada nacional del Frente Renovador- y su destino se definirá mañana a las 16 Hs. cuando el HCD, donde el oficialismo no tiene mayoría, defina su futuro.
