Las iniciativas impulsadas por Ezequiel Caruso y Fernando Latorre, concejales de Unión por la Patria, plantean el impacto local de la crisis sanitaria y el cierre de programas nacionales. Además, los dos ediles hicieron un pedido explícito al bloque de La Libertad Avanza para que gestione respuestas ante el Gobierno nacional.
Concejales de Unión por la Patria en el Partido de La Costa presentaron dos proyectos de repudio vinculados a la situación sanitaria a nivel nacional, con eje en la crisis del PAMI y el cierre del programa Remediar, y con un componente político explícito: un llamado directo al bloque de La Libertad Avanza en La Costa para que interceda ante el Gobierno de Javier Milei.
Las iniciativas fueron impulsadas por Fernando Latorre (en el caso del cierre del Remediar) y Ezequiel Caruso (el ajuste sobre PAMI), y apuntan a visibilizar el impacto local de medidas que, según plantean, están deteriorando el acceso a la salud y trasladando la presión al sistema público municipal.
En el caso del PAMI, el proyecto advierte sobre una crisis estructural del organismo, con una deuda estimada en $500.000 millones con prestadores, demoras en pagos y reducción de prestaciones, lo que ya genera conflictos con profesionales y riesgos de interrupción en la atención.
Además, se señala que el sistema presenta menos médicos, menos medicamentos y mayores costos para los afiliados, en un contexto donde incluso se registran demoras de hasta ocho meses en la provisión de prótesis y prácticas de alta complejidad.
El planteo incorpora un dato clave en términos políticos: el proyecto solicita expresamente que los concejales de La Libertad Avanza intervengan ante el Presidente de la Nación para promover medidas urgentes que normalicen el funcionamiento del organismo.
Por su parte, el proyecto sobre el programa Remediar pone el foco en el cierre de una política pública que garantizaba el acceso gratuito a medicamentos esenciales en centros de atención primaria de todo el país.
Según se detalla, el programa alcanzaba a más de 19 millones de personas y distribuía más de 90 medicamentos en más de 8.100 centros de salud. En el Partido de La Costa, el impacto es directo: unos 50.000 vecinos dependen de la provisión de medicamentos en los 16 CAPS del distrito, donde ya se registra una menor disponibilidad de insumos y un aumento de la demanda en hospitales.
En este caso, la iniciativa que impulsa Latorre también incluye un pedido político concreto: que los representantes locales de La Libertad Avanza gestionen ante el Ejecutivo nacional la revisión de la medida y la continuidad del programa.
Ambos proyectos coinciden en un diagnóstico común: el traslado de costos hacia los pacientes, el aumento del gasto de bolsillo y el riesgo de interrupción de tratamientos, especialmente en sectores vulnerables.
A nivel local, advierten que este escenario ya se traduce en una mayor presión sobre el sistema de salud municipal, que absorbe la demanda de vecinos que no encuentran respuesta en los programas nacionales.
Más allá del posicionamiento sanitario, las iniciativas introducen un eje político que busca ordenar responsabilidades: trasladar el reclamo desde el plano local hacia quienes tienen representación directa del oficialismo nacional en el distrito.
