El Gobierno nacional busca declarar al gas en garrafa como servicio público y, de esta forma, regular el precio y fijar tarifas uniformes en todo el país.
El proyecto de ley beneficiaría a 16 millones de personas que no cuentan con el servicio de gas por redes y son víctimas de todo tipo de abusos, en especial sectores vulnerables.
Cabe señalar que, si se hace una comparación, a igual nivel de consumo, aquellos que utilizan garrafas terminan gastando hasta el doble de dinero que un usuario residencial con red de gas.
El interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal, está al frente de la redacción de la iniciativa para dar respuesta a un reclamo histórico de las asociaciones de consumidores y usuarios.
Las garrafas tienen un precio de referencia fijado por el Estado, pero en la práctica se impone la ley del mercado: cada cual cobra lo que quiere, dependiendo muchas veces de los grados de concentración del negocio.
La última actualización de los precios de referencia fue en abril, después de quince meses de congelamiento. Para el envase de 10 kilos, el más utilizado, se determinó un sendero de precios que llegó este mes a 435 pesos, sin contar IVA, Ingresos Brutos ni el costo por entrega a domicilio. En la práctica una garrafa puede llegar a costar alrededor de mil pesos.
