Al respecto, Calderón detalló que «existe una denuncia por un delito cometido por funcionarios policiales en perjuicio de una menor de edad (16 años) que es un abuso sexual. A su vez en perjuicio de la pareja de la menor de edad que es un delito de golpes, dentro del tipo penal de vejaciones o apremios ilegales».
«Nosotros recibimos el 6 de junio recibe esta denuncia, comenzamos a actuar de inmediato, se pidió colaboración a la Auditoría General de Asuntos Internos porque al ser causas donde se investiga a personal policial las medidas se hacen directamente por el Ministerio público, sin intervención de la policía que trabaja habitualmente con nosotros. Luego de finalizar con las declaraciones y denuncias que fueron el viernes hasta la noche, nos constituimos en la comisaría de Ostende donde se denunció que esto había ocurrido, a los fines de tratar de recavar información de interés para la causa, secuestrar elementos, entre ellos libros de guardias, detenidos, contraventores, todo donde se registra el ingreso de las personas. También se secuestraron los móviles policiales que estaban en funcionamiento a los fines de realizar labores periciales, puntualmente de búsqueda de algún material que luego pueda servir para un eventual cotejo de ADN. Todo eso se realizó durante viernes, sábado y domingo y luego se continuó con la recepción de declaraciones testimoniales en la causa, también con otras medidas de profundización de la pesquisa. Estamos trabajando intensamente para tratar de establecer autoría y las características de los hechos».
En cuanto a los implicados, Calderón dijo «el autor material del hecho habría sido uno, pero hay otros funcionarios que, de algún modo, participaron o encubrieron el accionar del autor».
«En este caso no es un delito que pueda ser corroborado mediante un examen médico. Hoy en día la jurisprudencia ha ampliado un poco las medidas de acceso carnal a cualquier vía, con lo cual no es solo por acceso vía anal o vaginal, sino que también el sexo oral está comprendido dentro del acceso carnal para algunas jurisprudencias y para otras es una circunstancia gravemente ultrajante para la víctima», resaltó el fiscal.
En otra línea, el fiscal aseguró que la víctima está contenida y que «los resortes del Estado han actuado muy bien en relación a la asistencia por parte del municipio en cuanto al servicio local de promoción y protección de los derechos del niño y asistencia social».
