La docente está acusada de liderar una banda organizada que presentaba trámites de fallecimiento «truchos» para cobrar, de manera ilegal, el subsidio correspondiente.
La causa salió a la luz hace varias semanas cuando desde la sede local del Anses descubrieron que había un grupo de personas involucradas en supuestas estafas contra el organismo nacional. A partir de ese momento se comenzó a investigar el hecho hasta que se pudo individualizar a los involucrados.
La banda se pudo desarticular debido a que utilizaban siempre el mismo «modus operandis» que alertó a las autoridades geselinas: la muerte de la persona se concretaba en un lugar, el certificado se confeccionada en otro, el entierro se desarrollaba en una tercera ciudad y finalmente se concretaba el cobro del subsidio en un cuarto lugar, siempre distintos a los anteriores.
Incluso, el propio jefe de la UDAI local, Sebastián Alvarez, denunció personalmente el hecho ante los juzgados de Dolores junto a un grupo de abogados del Anses que llegaron desde la Capital Federal para asistirlo en el caso. Según los cálculos, la estafa sería por más de 80 mil pesos.
Fuente: sectorinformativo.com