Vuelos de la Muerte: procesaron a un juez, un exfuncionario municipal y a expolicías de la región

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En el marco de la investigación por los Vuelos de la Muerte, avanzó una causa judicial en la jurisdicción de Dolores en la que se investiga el encubrimiento de esos delitos en la Costa Atlántica donde aparecieron cuerpos que habían sido arrojados al mar y que fueron enterrados como NN.

El juez federal Martín Bava, decidió procesar por los delitos de encubrimiento, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público a Carlos Facio, juez penal de Dolores durante la dictadura; Miguel Cabral, médico de la Policía Bonaerense con jurisdicción en el territorio de General Madariaga, Pinamar y Villa Gesell; y a Juan Domingo Montenegro, director de Rentas y Catastro de la Municipalidad de General Lavalle, según la información recabada por el diario Tiempo Argentino.

La causa investiga el encubrimiento de los crímenes de los que fueron víctimas 14 personas cuyos cuerpos fueron hallados en la costa entre el 16 y el 20 de diciembre de 1978 y enterrados como NN.

Sólo diez de ellas pudieron ser identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) con la vuelta de la democracia: Santiago Bernardo Villanueva; Jesús Pedro Peña; Helios Hermógenes Serra Silvera; Oscar Néstor Forlenza; Isidoro Oscar Peña; Carlos Antonio Pacino; Omar Rodolfo Farías; Cristina Magda Carreño Araya; Nora Fátima Haiuk De Forlenza y María Cristina Pérez.

Todos los cadáveres se hallaban desnudos, con las manos atadas, algunos tenían heridas de bala y todos tenían huellas de las torturas y haber sido arrojados desde una gran altura.

Sin embargo, el juez Facio, a cargo de las investigaciones, “no llevó adelante ninguna acción para comprobar las circunstancias en que se cometieron los catorce asesinatos que tenía acreditado”, señaló Bava en el procesamiento.

Para el juez, Facio “simuló que llevaba adelante una investigación”: llevó los expedientes por separado, como hechos aislados, y los cerró en plazos de no más de seis meses sin que haya realizado ninguna medida de prueba para descubrir la verdad.

“Sabía de la existencia de catorce cuerpos arrojados por el mar en idénticas condiciones; sabía que presentaban lesiones que se correspondían con los vuelos de la muerte; un juez que lo suplió durante un mes advirtió todo esto y dio lugar al Habeas Corpus y al reconocimiento de los cadáveres; y, en todo ese contexto, el imputado hizo todo lo que estuvo a su alcance para impedir ese reconocimiento y para cerrar las investigaciones a fin de que no se investiguen los asesinatos ni sus autores”, concluyó Bava sobre el rol del ex juez.

En cuanto al resto de los imputados, el juez federal consideró que todos hicieron su aporte para intentar que no se descubrieran estos delitos: el juez Facio y el médico Cabral como coautores y el resto como partícipes necesarios.

Cabral intervino en 4 de los hechos y en todos elaboró dictámenes falsos para esconder las verdaderas causas de muerte y omitió las verdaderas lesiones que tenían los cuerpos para así evitar que se investigaran como asesinatos.

Montenegro, por su parte, era el encargado de Catastro de General Lavalle y el responsable del cementerio local, donde once de los cuerpos fueron enterrados sin identificación en una fosa común.

En cuanto a los expolicías, el juez consideró que “los siete imputados llevaron adelante una instrucción precaria en la que se buscó ocultar los delitos cometidos por la dictadura y fueron funcionales a que las víctimas continuaran siendo desaparecidas”.

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