En los primeros días de septiembre se abrirá la inscripción a la última etapa de la tercera edición de los créditos PROCREAR, que incluye el lanzamiento de créditos hipotecarios destinados a la construcción.
Hasta ahora está habilitada la inscripción para acceder a créditos personales destinados a refacciones, mejoramientos sustentables y arreglos menores. Desde mañana se agregan los que financian la conexión a la red de gas natural. El plato fuerte, los créditos hipotecarios para construcción, se demorará una semana más, pero llegará con novedades.
Una de ellas, tal vez la más importante, será la posibilidad de financiar con ahorros propios parte de la construcción. El Estado, a través de la ANSES, prestará lo necesario para construir hasta 65 metros cuadrados, a precios de mercado, incluyendo el costo de los materiales y de la mano de obra.
“Financiaremos de acuerdo a la capacidad de pago de la familia que solicita”, confirmó al portal Infocielo Luciano Scatolini, Subsecretario de Política de Suelo y Urbanismo de la Nación, quien agregó que si hay “ahorros demostrados” se pueden autorizar por encima del límite de 65 metros cuadrados.
El dinero, como en las ediciones anteriores de PROCREAR, se entregará en tres partes, a medida que se certifica el avance de la obra.
En cuanto al terreno para edificar, hay tres modalidades. La primera es que el propio solicitante lo aporte. Para eso debe haberlo adquirido antes de agosto, cuando se llevó a cabo el anuncio oficial.
Una apuesta fuerte en este sentido tiene que ver con el Plan Nacional de Suelo Urbano, una iniciativa que busca “vincular la política de suelo con el desarrollo territorial, promoviendo prácticas virtuosas para lograr ciudades compactas, equitativas y accesibles”. Lo que se busca es poner a disposición terrenos fiscales en desuso, de parte de la Nación, de la Provincia y de los Municipios, para generar lotes con servicios para urbanizar.
La tercera alternativa está amparada en la Ley de Hábitat, sancionada bajo enormes polémicas hace casi una década, y que admite la conformación de “consorcios urbanísticos”, en los cuales los privados aportan la tierra y los municipios se hacen cargo de las obras de infraestructura necesarias para proveer servicios.
