Al respecto, Calderón detalló que «existe una denuncia por un delito cometido por funcionarios policiales en perjuicio de una menor de edad (16 años) que es un abuso sexual. A su vez en perjuicio de la pareja de la  menor de edad que es un delito de golpes, dentro del tipo penal de vejaciones o apremios ilegales». 

«Nosotros recibimos el 6 de junio recibe esta denuncia, comenzamos a actuar de inmediato, se pidió colaboración a la Auditoría General de Asuntos Internos porque al ser causas donde se investiga a personal policial las medidas se hacen directamente por el Ministerio público, sin intervención de la policía que trabaja habitualmente con nosotros. Luego de finalizar con las declaraciones y denuncias que fueron el viernes hasta la noche, nos constituimos en la comisaría de Ostende donde se denunció que esto había ocurrido, a los fines de tratar de recavar información de interés para la causa, secuestrar elementos, entre ellos libros de guardias, detenidos, contraventores, todo donde se registra el ingreso de las personas. También se secuestraron los móviles policiales que estaban en funcionamiento a los fines de realizar labores periciales, puntualmente de búsqueda de algún material que luego pueda servir para un eventual cotejo de ADN. Todo eso se realizó durante viernes, sábado y domingo y luego se continuó con la recepción de declaraciones testimoniales en la causa, también con otras medidas de profundización de la pesquisa. Estamos trabajando intensamente para tratar de establecer autoría y las características de los hechos». 

En cuanto a los implicados, Calderón dijo «el autor material del hecho habría sido uno, pero hay otros funcionarios que, de algún modo, participaron o encubrieron el accionar del autor».

«En este caso no es un delito que pueda ser corroborado mediante un examen médico. Hoy en día la jurisprudencia ha ampliado un poco las medidas de acceso carnal a cualquier vía, con lo cual no es solo por acceso vía anal o vaginal, sino que también el sexo oral está comprendido dentro del acceso carnal para algunas jurisprudencias y para otras es una circunstancia gravemente ultrajante para la víctima», resaltó el fiscal.

En otra línea, el fiscal aseguró que la víctima está contenida y que «los resortes del Estado han actuado muy bien en relación a la asistencia por parte del municipio en cuanto al servicio local de promoción y protección de los derechos del niño y asistencia social».

En enero de este año, un sujeto investigado durante años por comercialización de drogas fue detenido en Pinamar, junto a su hijo y a su proveedor de estupefacientes, siendo todos imputados del delito de “Comercialización”.

La información publicada por el Diario Compromiso de Dolores daba cuenta que Reynaldo Rosa Ramos (alias “Paraguayo»), quien había logrado eludir siempre la acción de justicia en razón de sus contactos políticos, con un funcionario judicial en particular y porque habría contado con protección policial, era detenido junto con su hijo Leandro y Mariano Gastón Loaldi, siendo además procesados en el caso José Alfredo Olguín (alias “Pino”) y Leandro Manuel González (alias “Erna”).

Días pasados, el mismo matutino publicó que Jorge Liberanome, ex titular del iPS local y ex candidato a intendente por el FpV, había sido procesado sin prisión preventiva, imputado del delito de “encubrimiento” en la misma causa que investiga a Rosa Ramos y sus cómplices.

El auto de procesamiento fue dictado el pasado viernes por el doctor Alejo Ramos Padilla, al considerar que cuando dispuso procesar a Rosa Ramos y sus cómplices surgía de las constancias del expediente, una suerte de complicidad policial y política, que no sólo les habría otorgado cobertura a los miembros de la organización para realizar las actividades ilícitas, sino que incluso pudieron haber tenido la entidad suficiente como para afectar la propia investigación.

Para el Juez, un dato que resultó de suma importancia es que tanto Rosa Ramos como su hijo Leandro, al declarar en el Juzgado Federal, dijeron que “personal policial les había informado que sus teléfonos estaban siendo escuchados”, y que también habían recibido avisos de parte de funcionarios políticos alertándolos de los procedimientos que por narcotráfico se habrían de realizar en Pinamar. A ello, el Magistrado sumó el reconocimiento de los propios imputados, de haber actuado durante años para la policía de Pinamar, en especial para la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas con sede en Mar del Tuyú, no sólo aportando información para llevar adelante la gran mayoría de los procedimientos por drogas que se habían realizado, sino también para tareas investigativas para ellos, actuando como una suerte de «agentes encubiertos» no autorizados por la ley, considerando por ello el Juez, que resultaba razonable la hipótesis que a cambio de ello se les permitía actuar con cobertura e impunidad.

También, consideró la relación de cercanía que tenía Rosa Ramos con el ex Fiscal de Pinamar Cristián Centurión, quien según indica la resolución del Dr. Ramos Padilla, es actualmente investigado (por la justicia provincial), entre otras cuestiones “por su presunta vinculación con personajes relacionados con el narcotráfico en esa ciudad”.

Al analizar que aporte realizó el imputado Liberanome a la organización criminal que comandaba Rosa Ramos, el doctor Ramos Padilla indicó que éste se vislumbraba a partir de las escuchas telefónicas que aquél mantuvo con Leandro Rosa, particularmente la del 7 de noviembre de 2013, cuando lo alertaba de los procedimientos policiales que habrían de realizarse en Pinamar vinculados con el narcotráfico, información que precisamente el “encubridor” había obtenido de funcionarios del Ministerio de Seguridad de la provincia. Puntualmente, Liberanome le dijo al joven “que se cuidara”, y que le comentara esa información a su padre.

También resaltó el Dr. Ramos Padilla, las varias comunicaciones que tuvo Liberanome con Reynaldo Rosa Ramos, que demostraban el fluido contacto que mantenían, a tal punto que le comunicaba a este último los pasos que había realizado para hacer remover al comisario de Ostende.

En su declaración ante el Juez Ramos Padilla, Liberanome reconoció haber avisado de esos procedimientos a Rosa Ramos y a su hijo, aunque dijo que lo había hecho ante el temor de sufrir represalias por parte de ellos, quienes -sostuvo- lo habían conminado a brindarles esa información.

Al analizar la responsabilidad penal de este individuo, el Juez precisó que “poseía un conocimiento efectivo y actual de la dedicación al comercio ilegal de estupefacientes, llevada a cabo -al menos- por parte de Reinaldo Rosa Ramos y su hijo Edgar Leandro Rosa”. Que la información aportada por Liberanome a uno de los miembros de la organización criminal, era de tal magnitud, precisión y verosimilitud, dado la vinculación y actividades políticas que desarrollaba. Y que ello resultaba suficiente no sólo para acreditar la actividad concreta consumativa del delito de encubrimiento, sino el efectivo conocimiento que poseía acerca de la actividad ilícita vinculada al narcotráfico que llevaban adelante Reinaldo Rosa Ramos y su hijo Leandro Rosa. “Es que ninguna otra respuesta puede darse al interrogante de por qué el encartado puso en conocimiento acerca de los procedimientos vinculados al narcotráfico a estos dos coimputados si es que no conocía su actividad ilegal”, precisó el Dr. Ramos Padilla.