Con respecto a la información tergiversada de algunos medios, Guillermo Trangoni dijo que “lamentablemente esto ha sucedido, lo que hace desprestigiar a todo el alumnado. Nosotros tenemos una campaña en contra. Es difamadora y lo único que hace es  perjudicar a todos los chicos que con gran sacrificio asisten diariamente a la escuela. El sistema de incorporación contempla que los aspirantes deben completar una cierta documentación y tuvieron inconvenientes respecto de eso”.

Para clarificar la situación, el director de la escuela comunicó que “hay sólo algunas personas que están en esa condición, que han tenido algunos inconvenientes con respecto a antecedentes contravencionales y deben regularizar esa situación”.

En el pedido, los Fiscales Diego Bensi y Diego Torres sostuvieron que la sentencia “no lo fue en forma razonada”, que la operación intelectual efectuada por los Jueces resultaba “incoherente, arbitraria y fuera de todo contexto probatorio, en tanto se resuelve sobre la base de conclusiones que resultan esencialmente opuestas entre sí”.

Además, sostuvieron que la decisión de los miembros del Tribunal había sido “arbitraria en lo que, a la interpretación de la prueba se refiere, tornando errónea la conclusión a la que arribara el juzgador, respecto de la consumación del hecho precedente (la desaparición y muerte de Darío Jerez), y por lógica consecuencia respecto de la responsabilidad que les cabe a cada uno de los imputados por la ejecución del delito”.

El juicio

En marzo de 2013, Alejandro Gustavo Muñoz, Carlos Subirol, Daniel Claudio López, Gerardo Cristian Ibarra y Jorge Eduardo Grande, fueron juzgados por el Tribunal en lo Criminal nº 2 de Dolores por “encubrimiento agravado”, y Leandro Alzugaray por “falso testimonio”, quedando todos absueltos.

Durante el juicio, los fiscales sostuvieron que el 25 de octubre de 2001 autor o autores ignorados habían privado de su libertad a Rubén Darío Jerez, obligándolo a alejarse del lugar donde se encontraba en Santa Teresita y a quien trasladaron contra su voluntad hacia un lugar no determinado, para luego en una fecha y circunstancias no esclarecidas darle muerte, ocultando posteriormente el cadáver.

A Muñoz y Subirol como miembros de la organización financiera Comprar se les endilgó haber ayudado al autor o autores de ese hecho, a eludir la investigación.

A Daniel López, Cristian Ibarra y Jorge Eduardo Grande, funcionarios del Municipio de la Costa y relacionados con la firma Comprar, a que de acuerdo a un plan común previamente acordado habían ayudado al autor o autores a eludir la investigación aportando datos falsos.

Y en el caso Leandro Gastón Alzugaray, de que en oportunidad de un careo había afirmado falsedades, negado y callando la verdad.

Sin embargo, los Jueces en el veredicto indicaron que no se habían probado los ilícitos enunciados por la acusación, ni que tampoco se había probado el hecho precedente, la privación de la libertad y muerte de Darío Jerez.

“Esto hace tiempo que se viene trabajando. El cuerpo de Antropología Forense viene tomando muestras de los familiares para ser cotejados con los restos que están en Malvinas”, relató en principio el veterano de guerra Rubén Luján a TVC5.

Luego, dio a conocer el procedimiento básico que se realizará para cotejar los ADN, “no se va a hacer una exhumación de los cuerpos como se hace habitualmente, sino que se escanean las tumbas y se toma por medio de cámaras las muestras. El proceso es similar a una endoscopía.

Respecto de la veta política Luján sostuvo que “es un avance que Inglaterra haya permitido esto. Es también una deuda que tiene el país con los familiares de los caídos porque, si bien hay tumbas que están reconocidas, hay más de 100 que están sin reconocer y es sobre esas donde se realizará el estudio”.

Con respecto a la región costera el veterano dio a conocer que “nosotros en el área tenemos dos casos puntuales: el soldado Ferreyra y el soldado José Luis Rodríguez, que están enterrados en Malvinas pero en su tumba figura “soldado sólo conocido por Dios”.

Luján expresó su sentimiento respecto de esto y dijo que “los veteranos estamos de acuerdo con lo que se está haciendo ya que es un derecho que todos el mundo tiene el de saber dónde se encuentran sus seres queridos. Hay familiares oportunamente viajaron a Malvinas y no encontraron la tumba, por lo tanto creo que sería bueno que puedan saber con exactitud dónde están”.

El sábado 21, las actividades comenzarán desde las 20 en Avenida Costanera y 37; en tanto que el domingo 22 de junio, el show empezará a las 10, en Costanera y 44. 

El evento que cuenta con el auspicio de la Municipalidad del Partido de La Costa, propone a los visitantes colaborar con un alimento no perecedero para donarlo al Hogar de Niños Convivencias de Las Toninas.

“Actualmente ya llega a un desborde donde no solo son los pedidos de ayuda para realizar castraciones o ubicar perritos que se encuentran en situación de abandono, sino que lo más preocupante es el pedido de ayuda y las consultas ante la crueldad y el maltrato de animales. Esto siempre sucedió pero ahora es mucho más frecuente”, expresó Pérez en contacto con Radio Noticias Web.

“Nos integramos por que el Partido de La Costa está creciendo mucho en cuanto a los grupos proteccionistas, ambientalistas. De modo que el viernes nos unimos a la marcha nacional

Esta ley es la que protege a los animales y existe hace 50 años. Se conoce como la ley Perón. Pero lamentablemente no la usamos, no la peleamos, no la discutimos. Esta ley forma parte de nuestros derechos y no sólo del de los animales”.

“Nos reunimos en la Escuela Técnica N°1 de Santa Teresita de 11.30 a 13.30 y a la tarde de 16.30 a 18.30 horas. Hemos elegido este lugar por la concurrencia de jóvenes, porque nuestra preocupación son ellos si bien los animales, pero nuestro enfoque, es que nosotros no nos excluimos del grupo animal. Los humanos somos mamíferos.  Entonces esto es lo que estamos quebrando en esta nueva concepción. Nos interesa que puedan estar informados e integrados los colegios y los jóvenes. Hay un 80% de maltratadores, y no estoy hablando de maltrato común, sino de crueldad animal que proviene de menores de edad. Entonces esto para nosotros es preocupante”, finalizó Pérez.

La directora de seguridad social, Matilde Brenes, informó que «se trata de un procedimiento de rutina del Ministerio, que tiene por objetivo comprobar si el titular del beneficio está vivo o bien si está cobrando otro beneficio» y que en principio comprende únicamente a quienes hayan recibido por correo y en sus domicilios, un formulario a nombre de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales.

La primera jornada tuvo lugar en el edificio municipal y la segunda continuó en el Centro Comunitario de Villa Clelia.

Más adelante, explicó Brenes, «habrá una nueva fecha en julio, en agosto, y así consecutivamente hasta diciembre».